DARÍO CELIS. LA CUARTA TRANSFORMACIÓN. EL FINANCIERO.
Para cumplir la NOM-051 de etiquetado frontal para el 30 de noviembre, una empresa fabricante de alimentos y bebidas tendría que pedirle a cada habitante del país que le ayudara a reetiquetar tres artículos.
Tener habilitados más de 880 mil productos de consumo de más de 240 mil compañías, en un millón de puntos de venta de la República Mexicana, simplemente no es posible. Y menos en medio de la pandemia.
La decisión de las secretarías de Economía de Graciela Márquez y Salud de Jorge Alcocer, va a provocar un desabasto de aproximadamente 30% de bienes de consumo porque no podrá surtirse al canal detallista.
Una compañía que produce alimentos y bebidas preenvasadas puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en su portafolio y muchos de éstos llegan a producirse en hasta 30 millones de unidades mensuales.
Se estima que un 20% de la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, algo así como unas 75 mil toneladas de productos, podría ser destruida ante la imposibilidad de ser distribuidos.
Estos artículos, a pesar de contar con vida de anaquel y haber cumplido con la regulación vigente en el momento en que fueron elaborados, no podrían ser comercializados según la NOM-051.
Además, para el 30 de noviembre se estiman inventarios de más de 30% en los canales de autoservicio y conveniencia, mayoreo, tradicional y otros que tampoco podrían ser adquiridos por los consumidores.
Esto se refiere a productos que ya fueron entregados y facturados a los clientes de estos canales y que ya no están en manos del productor o importador. Esto ya está generando enfrentamientos en la cadena.
Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Chedraui de José Chedraui, La Comer de Carlos González Zabalegui, Oxxo de José Antonio Fernández Carbajal, no están dispuestos a asumir la carga del incumplimiento y sus sanciones.
Por ello ya empezaron a presionar a los fabricantes, aglutinados en la Concamin de Francisco Cervantes, el Consejo Nacional Agropecuario de Bosco de la Vega y la Canacintra de Enoch Castellanos.
La necedad de extender por lo menos un año la nueva NOM-051, como sí sucedió en los años 2010 y 2014, además de desabasto y costos multimillonarios para las empresas, va a terminar en un acto criminal.
Nos referimos a esa posible destrucción de casi 75 mil toneladas de alimentos preenvasados, equivalente a casi un año de donaciones al Banco de Alimentos destinadas a poblaciones vulnerables.Todo lo anterior representaría pérdidas en alimentos preenvasados con un valor de 90 mil millones de pesos que representan 180 veces el presupuesto en sobrepeso y obesidad de la Secretaría de Salud.
El 65% de estas pérdidas las asumirían fundamentalmente micro, pequeñas y medianas empresas, tanto manufactureras detallistas, que en un escenario de crisis económica por el Covid-19 implicarán su quiebra.
A partir de esta semana, una que vez que el viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prórroga que le comenté aquí que adelantó la semana ante pasada el director de Normas, Alfonso Guati Rojo, espere una avalancha.
Un tsunami de amparos de empresas que están dispuestas a llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.
@dariocelise
