NOVEDADES DE CAMPECHE.
En medio del malestar y la incertidumbre, pescadores de altura, ribereños e industriales de la pesca de camarón de altamar exigieron a las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que obligue a las autoridades federales a que cumplan con aplicar realmente las acciones estratégicas de ordenamiento pesquero en el litoral campechano, ya que denunciaron que alrededor de 2 mil furtivos explotan diferentes especies sin el permiso emitido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Como informó en su oportunidad Novedades, para este 2020 se ha programado concluir el proyecto de Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre de Fondo de América Latina y el Caribe, por lo que en diciembre del año pasado se reunió el Comité Directivo en Campeche para analizar precisamente el plan de trabajo 2020.
Basta con recordar que el proyecto es coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene como objetivo asegurar la existencia de marcos normativos propicios y la promoción del manejo efectivo de la captura incidental a través de información y tecnología mejorada, enfoques participativos e incentivos apropiados, así como impulsar medios de vida mejorados y equitativos.
Sin embargo, ayer, cansados de esperar los resultados de esas acciones y molestos porque sigue en incremento la pesca furtiva y depredación de especies marinas, pescadores de altura, ribereños e industriales de la pesca de camarón de altamar increparon a las autoridades del Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras (CRIAP) de Lerma, porque no hay nada en concreto sobre las demandas y quejas recurrentes en contra del Gobierno Federal, por la depredación de especies marinas, e incumplimiento de abrir a la pesca la zona restringidas por Petróleos Mexicanos (Pemex), pero además, por la nula vigilancia a las costas que está en manos de la Conapesca.
Los líderes de las organizaciones pesqueras de ribera y de altura, así como los armadores y socios de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), solicitaron la intervención de la FAO, para que exija al Gobierno de la República que cumpla con su responsabilidad de proteger los recursos marinos.
