La 4T, desolación ambiental

GABRIEL QUADRI DE LA TORRE. EL ECONOMISTA.

Nunca en la historia de las instituciones ambientales en México se había registrado un retroceso tan radical como el que nos presenta la 4T. A pesar de altibajos y con una tendencia de ajuste presupuestal en los últimos años en línea con la disciplina fiscal, desde los años 80 del siglo XX se mantuvo una intención más o menos visible de fortalecimiento del sector, de avances y ampliación de miras,  profesionalización, y arraigo en la agenda pública. Todo, coincidente con las demandas de la sociedad, e imperativos de sustentabilidad en el desarrollo económico y de inserción en un mundo globalizado.

Hoy por primera vez asistimos a una involución desconcertante, en la cual los presupuestos de Semarnat y de todos los organismos públicos desconcentrados o descentralizados del sector han sido mutilados de manera drástica y sin precedente, incluso incapacitante. Esto, junto con una reducción humillante de salarios, despido de personal técnico de confianza y amenaza de desalojo de la Ciudad de México hacia Mérida, ha dejado un panorama verdaderamente desolador.

El presupuesto total de Semarnat fue reducido en casi 20%, a pesar de requerir una importante reposición de recursos para sostener y desarrollar sus actividades de regulación, conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas, manejo y protección de vida silvestre, prevención y control de la contaminación, cambio climático, investigación, Evaluación de Impacto Ambiental, gestión de residuos peligrosos y manejo sostenible de recursos naturales. El presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cargo de la inspección y vigilancia ambiental y aplicación de la ley, fueron disminuidos paralelamente en 20 por ciento. En el caso de la Comisión Nacional del Agua, el recorte ascendió a 15%, mitigado por una extraña partida presupuestal denominada “Provisiones para el rescate y rehabilitación del lago de Texcoco” de 1,665 millones de pesos, que probablemente sea dirigida a demoler las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, lo que significará un daño patrimonial a la nación sin precedente. Un castigo inexplicable sufre la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuyo presupuesto fue cercenado en una cuarta parte (a pesar de la fijación de la 4T con las energías fósiles). La Comisión Nacional Forestal fue mutilada presupuestalmente en casi la tercera parte, lo que da al traste con avances muy significativos en el manejo sostenible de bosques, esencialmente bajo propiedad de ejidos y comunidades. Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sufrió una reducción de cerca de 25% de su presupuesto; cosa que ilustra desconocimiento y/o desdén del de los compromisos internacionales de México ante el Acuerdo de París en materia de cambio climático. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene a su cargo el manejo y conservación de más de 13% del territorio nacional terrestre, y de aproximadamente 8% del territorio marino. Ella perdió igualmente la cuarta parte de su presupuesto, con lo cual se dejan a la deriva nuestros parques nacionales y reservas de la biósfera en la tierra y en el mar, se inhibe el desarrollo de programas de manejo y se cancelan proyectos de equipamiento, así como de empleo temporal en comunidades locales, y de desarrollo profesional y mejora en condiciones laborales de nuestros abnegados y heroicos guardaparques. Y con este recorte, desde luego, será imposible que México cumpla con sus compromisos internacionales ante la convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, de proteger cabalmente para el 2020 al menos 17% de nuestro territorio terrestre y 10% del territorio marino (zona económica exclusiva).

Por su parte, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que lleva a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de interés federal ha sufrido una disminución tajante de más de 20% en su presupuesto. Esto al parecer sí se encuentra en sincronía con las decisiones de la 4T, en la medida en que tendrá aún más limitaciones para evaluar en forma minuciosa y seria los enormes impactos de sus proyectos emblemáticos, como son la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, y el supuesto aeropuerto en Santa Lucía. Quedando esta dirección general disminuida y debilitada, será más sencillo que el gobierno consiga su aprobación expedita, aunque igualmente se verá en serios aprietos para reaccionar ante las previsibles demandas, amparos y recursos administrativos que serán interpuestos por diversos actores sociales.

Los recortes, obviamente, no son producto de un draconiano programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, sino que tienen la finalidad, en gran parte, de liberar recursos para construir una gigantesca red clientelar a partir de todo tipo de subsidios con la clara finalidad de comprar lealtades electorales con una idea transexenal del poder.