RAMÓN AGUIRRE DÍAZ. EXCÉLSIOR.
A la difícil relación que se tiene con Estados Unidos en materia comercial, de tráfico legal e ilegal de personas, importación de armas, narcotráfico, etcétera, habría que añadir otra, muy compleja y obligada, en materia de agua. Sabemos que la frontera que compartimos con el vecino del norte es una de las más largas del mundo, se extiende desde Tijuana hasta Matamoros, con una distancia de 3,175 kilómetros, lo que habría que destacar es que, de éstos, 2,053 kilómetros son ocupados por el río Bravo como límite internacional y los 1,084 kilómetros restantes son cruzados por la línea divisoria terrestre al oeste de Ciudad Juárez, con excepción de un tramo de 38 kilómetros, en donde el río Colorado funciona como frontera internacional.
Estamos hablando de una zona desértica, donde el agua es realmente un bien escaso y muy demandado, sobre todo cuando, a lo largo de las cuencas transfronterizas de los ríos Bravo y Colorado, se localizan importantes zonas agrícolas que requieren de altos volúmenes del recurso. Los dos ríos que compartimos drenan sus aguas de norte a sur, es decir, nosotros tenemos como frontera ríos que nacen en Estados Unidos, lo que resulta relevante, ya que al construir Estados Unidos presas dentro de su territorio puede dejar sin agua, como sucedió a extensas zonas agrícolas de nuestro país.
En el año 1916 Estados Unidos construyó la Presa Elefante sobre el río Grande (río Bravo) y en 1936 terminó la presa Hoover sobre el río Colorado. En el primer caso fueron afectados agricultores del estado de Chihuahua y en el segundo se vieron afectados los agricultores del estado de Baja California. Resolver lo anterior, así como alcanzar acuerdos sobre una distribución justa para un recurso tan valioso es una labor muy compleja, donde, afortunadamente, hasta ahora se han logrado resolver las controversias de manera cordial, bajo una óptica de respeto y cumplimiento a los compromisos.
Para atender estos asuntos, entre otros, se cuenta con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que tiene el carácter de un organismo internacional y está constituida por una Sección Mexicana —que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y por una Sección de Estados Unidos. Cada Sección es encabezada por un comisionado ingeniero, quienes han tenido como responsabilidad formular, proponer y vigilar el cumplimiento de los tratados y convenciones sobre límites y aguas, así como regular y ejercer los derechos y obligaciones, dando solución a las diferencias que puedan surgir.
Con el antecedente de un añejo primer “Tratado de Paz, Amistad y Límites”, que data de 1848, y una decena más de tratados y convenciones alcanzados, en el año de 1944 se firmó un nuevo Tratado, donde Estados Unidos entrega a México un volumen anual de 1,850.2 millones de metros cúbicos de agua para atender las necesidades en el estado de Baja California y del orden de 74 millones de metros cúbicos en Ciudad Juárez.
Dentro de los acuerdos alcanzados, México tiene la obligación de devolver a Estados Unidos en el río Bravo agua captada en nuestro país por una cantidad equivalente a la que recibe, bajo la consideración de que el agua faltante en años secos debe compensarse en los años siguientes, bajo ciclos de cinco años. En el ciclo que termina tenemos una deuda, por pagar este año, del orden de los 243 millones de metros cúbicos, donde, por supuesto, hay inconformidad por usuarios de distritos de riego, a pesar de que el agua de este año está garantizada, aun cubriendo dicho adeudo, aspectos que detallaremos en el próximo artículo.
Lo que debemos tener claro es que el tema del agua no ha sido, hasta ahora, un asunto de conflicto en nuestras relaciones con el país vecino, tanto México como Estados Unidos hemos cumplido con los compromisos en la materia. En esta ocasión no puede ser la excepción.
