VIRIDIANA LÁZARO*. INFORURAL.
Cuando se habla de las granjas porcícolas industriales se hace referencia a las instalaciones cerradas y el confinamiento individual de miles de cerdos en espacios reducidos.
Las condiciones de estas instalaciones de producción porcina son la fórmula perfecta para ocasionar varios desastres y más si son asentadas en ecosistemas frágiles, como lo son los ecosistemas de la Península de Yucatán, que también se puede considerar como una zona privilegiada en México, ya que alberga una gran biodiversidad en la selva maya y el sistema de acuíferos más grande e importante a nivel nacional e internacional. Pues de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dos terceras partes del agua renovable del país está en el subsuelo de la Península de Yucatán.
En los últimos años las granjas porcícolas industriales se han reproducido muy rápido y de manera irregular en la Península de Yucatán y con ello los impactos ambientales y sociales que éstas ocasionan. Los impactos van desde la deforestación de selva; la construcción de granjas en Áreas Naturales Protegidas (ANP); Sitios RAMSAR (sitios de importancia internacional para la protección de los humedales) y zonas indígenas; contaminación del agua; emisiones de gases de efecto invernadero; pérdida de biodiversidad; hasta violaciones de los derechos humanos y que además, podrían ser la causa de la siguiente pandemia.
Por tal motivo, Greenpeace con el reporte La carne que está consumiendo al planeta se denuncia la ilegalidad en la que se encuentran las granjas porcícolas, los daños generalizados que están ocasionando en la población maya de la región y que a pesar de esto la industria porcícola continúa solicitando permisos para expandir las granjas porcícolas industriales ya existentes y crear nuevas.
Por lo cual, en noviembre de 2020 se presentó una denuncia regional ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 52 ciudadanos y ciudadanas de 21 comunidades mayas, con el acompañamiento de Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo- 19. Con el fin de poner un alto a la violación de derechos humanos de las comunidades mayas, así como los graves daños al medio ambiente que las granjas industriales de cerdos generan en la Península de Yucatán. Por lo que en esta denuncia se solicitó que las instalaciones que no cumplan con la legislación mexicana, deben obtener desde la cancelación de los permisos, hasta la clausura definitiva de las instalaciones.
Gracias a esta denuncia el pasado 26 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 4 granjas porcícolas en Yucatán. En las inspecciones que realizó Profepa en atención a la denuncia se clausuraron 4 granjas porcícolas ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida y que de acuerdo a Profepa no cuentan con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, no presentaron los resultados de las descargas de aguas residuales, tienen una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos, y afectan a la biodiversidad. Estas clausuras realizadas por la Profepa son de suma importancia, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales y sociales ocasionadas por la industria porcícola.
Las granjas porcícolas clausuradas deben respetar dichas clausuras y las autoridades Federales deben verificar que así suceda de constatar la violación a las clausuras impuestas deben dar vista a la Fiscalía General de la República, asimismo, se debe continuar con las inspecciones de las granjas porcícolas y dar prioridad a los derechos de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
* Especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
