ISABEL CRUZ. EL FINANCIERO.
La pandemia provocada por el COVID-19 ha mostrado las enormes desigualdades y diferencias que coexisten en nuestro país: Ignorancia, fanatismo, ausencia de institucionalidad, desempleo masivo, abandono institucional, dificultad para hacer llegar la información, para que se crea en ella y en la inminencia del riesgo. Un sistema de salud desvalijado y sin inversiones. Coexisten los escenarios de confinamiento de primer mundo con Home Office y compras por internet; con el abandono y la atomización rural cuya única protección frente la pandemia ha sido el cierre de territorios.
Esa misma diversidad se puede verificar en las posiciones y opiniones sobre la Ley Finagro vertidos en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (Junio 8, 15 y 22) que preside la Dip. Patricia Terrazas. Para algunos “expertos” financieros, los pobres no pueden pagar créditos y “esos” deben ser atendidos por los programas del Bienestar, mientras para otros el crédito de la banca de desarrollo debe ser barato y de primer piso, sin intermediarios. Ambos bandos, desconocen la realidad del crédito a la base de la pirámide. Basta asomarse a las utilidades de Banco Compartamos y del Banco Azteca para verificar que los pobres sí pagan créditos.
¿Para qué un Banco en lugar de una Financiera? ¿Qué garantiza que ahora sí, el Banco de Desarrollo es para TODOS los productores? ¿Cómo el nuevo banco Finagro logrará otorgar una tasa barata (de un dígito)? Y ¿Cuánto pagaremos los mexicanos por la nueva-vieja aventura?
Los resultados de la Encuesta Nacional Agrícola del 2017 muestran que sólo 9% de los productores rurales tienen acceso al crédito y que la principal oferta institucional no es de la banca de desarrollo sino de las cajas de ahorro (23%), es decir, sociedades de base local y territorial donde los productores se asocian y el crédito responde a realidades diferenciadas. Cerca de 4.5 millones de productores no tienen acceso al crédito, ¿Qué propone la Ley Finagro para lograr que 5.0 millones de campesinos tengan acceso viable y permanente al crédito? Lo de siempre: enfoque al primer piso y operar con intermediarios financieros privados.
¿Cómo lograr tasas de interés baratas? Los altos costos de operación, la cartera vencida y las pérdidas patrimoniales han provocado que la FND tenga tasas de crédito promedio del 16% al productor, a pesar de la reducción en tasas del Banxico ( y ahora con la Ley Finagro argumentan que siendo banco se pueden emitir bonos y tener acceso a créditos internacionales baratos); según este enfoque, eso nos dará acceso a tasas de interés bajas. Eso no es cierto. Aunque encontremos tasa cero en los mercados internacionales, la tasa de interés al productor dependerá de los costos de operación de Finagro, de la calidad de la cartera, de la eficiencia operativa que a su vez deriva de saber prestar a diferentes tipos de productores y lo más importante, de saber recuperar los créditos. Nunca, en sus ochenta años de vida la banca centralizada de desarrollo ha logrado eso en México. ¿Porqué habría de lograrlo ahora?
Con una cobertura de atención tan débil (no mayor a 200 mil productores en la última década), procesos tortuosos y políticas de crédito que hacen inviable el acceso a los pequeños productores (garantías, tasas, requisitos), se requiere una revolución creativa para encontrar soluciones y eso debe ser el enfoque a enriquecer en la Ley Finagro: fomentar que los propios productores organicen sus intermediarios de ahorro y crédito.En la iniciativa faltan compromisos de un verdadero enfoque de desarrollo, recuperar los compromisos con la población indígena de la Ley de la Financiera Rural, reconocer y comprometerse con los intermediarios financieros de los productores. Una banca de desarrollo debe fomentar y desarrollar la organización de productores en intermediarios financieros propios, de ámbito local y territorial.
Todos en el campo queremos una Banca de Desarrollo fuerte, sólida y con gran poder de incidencia económica y estructural. Buscamos que apuntale créditos de infraestructura equipamiento y cadenas de valor con créditos de largo plazo y tasas accesibles. Pero es importante reconocer las limitaciones de un modelo de Banca de Desarrollo centralizada y estandarizada: no tiene capacidad de atender a todos los productores, y menos a los muy diversos contextos de desarrollo. La amplia, diversa y flexible capacidad operativa de las sociedades de ahorro y crédito son el mejor aliado para lograr un nuevo, amplio y plural sistema financiero rural. FInagro debe aprovechar esa oportunidad.
Las voces que cuestionan la capacidad de pago de los pobres discriminan las realidades mayoritarias que desconocen. Es bueno recordarles que en 1990, Carlos Salinas sacó del Banrural a 1.2 millones de productores acreditados con el mismo argumento: los pobres no pueden pagar tasas de interés. Los envió al programa “Crédito a la palabra” de Sedesol. Esos campesinos nunca volvieron a tener acceso al crédito productivo. En la actual discusión de la Ley Finagro la discusión es al revés: hay quienes no quieren abrirles la puerta a los pobres.
Interesante. Solo permítame ofrecer algunas precisiones.
La Banca de Desarrollo en México si fue bien integrada en su operación, correctamente normalizada y bastante bien regionalizada para atender los diferentes necesidades y tipos de productores agropecuarios, sobre todo a los de bajos ingresos y pequeñas unidades de producción y con una cobertura que alcanzaba la mayor parte del territorio rural. Sí sabia operar los créditos agropecuarios (muchísimo más que cualquier banco privado) y si sabía recuperarlos y gestionar la cartera, aún en actividades de elevado riesgo como es lo agropecuario y sin grandes garantías por parte de los productores.
Aún con lo anterior, como todos sabemos, terminó en un rotundo fracaso y la extinción en su momento llegó a ser una necesidad obvia.
¿Cuál fue el problema? El sistema crediticio? falta de normativa? la capacidades del personal? NO, no y no, fue la rampante corrupción.
La corrupción impulsada desde personas en puestos de poder político del Gob. Federal y Gobs. Estatales y con claras intenciones de enriquecimiento y/o manipulación electoral, además privilegiando a los grandes productores agropecuarios privados que eran beneficiados de las tasas subsidiadas y condiciones “blandas” de crédito, originalmente diseñadas para los pequeños productores. Un despropósito total.
El personal bancario sabía hacer banca de desarrollo, pero estaba inmerso en la corrupción impune creciente que llegaba desde los mayores puestos del país aliadas con las organizaciones “campesinas” diseñadas para control político electoral y también aliados con la gran empresa, con todo eso, las autoridades de control y auditoría se hicieron permisivas e incluso la extinción de las instituciones fue realmente un “carpetazo” para enterrar toda huella de la gran corrupción que hicieron y culpar, como siempre, a los pequeños productores de incumplidos y a los empleados de sucursales de corruptos, que si los había los unos y los otros, pero eso no fue lo que ocultaron.
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Por otro lado, los “banks no banks”, las parafinancieras y otros intermediarios financieros locales o regionales, tendrían una variabilidad en sus normas operativas y sistemas de crédito, de acuerdo al Consejo de Administración de cada asociación y a sus líderes, lo cuál no es del todo deseable (obviamente me refiero a las normas específicas y no solo a la legislación bancaria y crediticia vigente y regulada por las cabeza de sector).
En cambio, si se puede ser especializado regional incluso por tipo de producción y producto, sin apartarse de las mejores prácticas bancarias de desarrollo rural agropecuario, que sean transparentes y uniformes y que no dependan de la volubilidad de cada dirigencia local y sus intereses personales o de grupo y que pueden o no estar alineados al beneficio de todos los involucrados y afectados por las actividades agropecuarias y pesqueras. Y además, como hay ejemplos de sobra entre las cajas de ahorro y préstamo, aún siendo privadas o del “sector social”, tampoco están inmunizadas contra la corrupción, pero si son aún más vulnerables y poco auditables.
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En el mundo existen buenos modelos de ejemplo, incluso como cooperativas de productores que iniciaron un banco de desarrollo agropecuario, y hay otros… el problema no es tanto el modelo de sistema, sino los involucrados y el combate abierto, frontal y transparente contra la corrupción e impunidad.
Y para ello, las organizaciones de productores en general, privadas y sociales, han dejado mucho que desear.
Lo que si es seguro es que la banca privada comercial no tiene ni la misión, ni visión ni capacidades para atender al campo completo.
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Con los mejores deseos para que se logren los mejores acuerdos en favor del campo mexicano.
Saludos a todos.