NOTILEGIS.
El sector pesquero y acuícola han sido los más afectados por la ineficiente aplicación de las políticas públicas.
PALACIO LEGISLATIVO.
La diputada Claudia Yáñez Centeno (Morena), secretaria de la Comisión de Pesca, presentó una iniciativa a fin de establecer mejores lineamientos y estrategias para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.
En conferencia de prensa indicó que su propuesta pretende reformar los artículos 4, 8, 22, 22 Bis, 23 Bis, 28, 29, 33, 45, 51, 52, 53, 57, 92, 100, 122, y 124 de la de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Yáñez Centeno señaló que el marco legislativo, ordenamientos, mecanismos de control y lineamientos que regulan el aprovechamiento de estos recursos son funcionales; sin embargo, no han cumplido con todos los objetivos en su implementación.
“El sector pesquero y acuícola han sido los más afectados por la ineficiente aplicación de las políticas públicas en materia administrativa e incrementado el rezago social y económico en la materia”, expuso.
Urgió a diversas secretarías de Estado para que coadyuven con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en la inspección y vigilancia de las zonas donde se desarrolle la actividad pesquera y acuícola.
Explicó que la Ley vigente fue decretada el 24 de julio de 2007, con la finalidad de establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y aprovechamiento sustentable de la pesca y acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.
“De 2007 a la fecha no se ha presentado una reforma sustantiva que atienda con pleno respeto al sector pesquero y acuícola durante más de 13 años. Desde 1998, no contamos con un reglamento actualizado de Conapesca que dimensione, administre y procure el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades en los términos de la presente Ley”, expuso.
Manifestó que Conapesca e Inapesca (Instituto Nacional de Pesca) no han podido establecer las bases de un ejercicio democrático y participativo de los sectores interesados en la actividad de la pesca deportiva y ribereña, incluyendo prestadores de servicios turísticos, autoridades de gobiernos estatales y municipales, así como representantes de la sociedad en general.
“Es por ello que desde la Comisión de Pesca estoy impulsando que se reformule de manera sustantiva la situación política y socioeconómica que vive este sector en la actualidad, precisando los límites de responsabilidad administrativa y fortalecer la participación ciudadana en el sector pesquero y acuícola”, concluyó.
