¿Y el agua?

ENRIQUE GALLEGOS MADRIGAL. ANIMAL POLÍTICO.

A pesar de que en México hay regiones con un porcentaje alto de disponibilidad de agua, lo cierto es que en la mayoría de las entidades federativas hay inequidad en su distribución

El pasado 8 de febrero se cumplieron siete años de la reforma que reconoció el derecho al agua en el texto constitucional. Desde entonces se ha suscitado una serie de discusiones en torno al tema, principalmente referidas a la ausencia de políticas públicas para materializar su contenido.

Frente al nuevo gobierno poco se han discutido los retos del derecho al agua, principalmente porque la atención se ha dirigido hacia otros temas no menos importantes. Pero incluso en debates recurrentes como el Tren Maya se ha dejado de lado el impacto ambiental del proyecto en los acuíferos de la península de Yucatán. También hay otras cuestiones emergentes como la poca claridad en la postura del gobierno federal[1] hacia la fracturación hidráulica (fracking), que no han sido discutidas de manera suficiente.

A manera de repaso de las deudas pendientes que quedan del sexenio anterior en materia del derecho al agua podemos enumerar el reconocimiento constitucional y otras medidas administrativas que se tomaron desde el poder ejecutivo (como la creación del Programa Nacional Hídrico), pero que no redundaron en cambios significativos. Hoy cerca de 8.9 millones de personas no tienen acceso al agua en nuestro país[2] y del 93% de la población que sí tiene acceso al agua, solo el 14% de ese porcentaje la recibe las 24 horas, los 7 días de la semana[3].  La cobertura de la infraestructura hidráulica urbana alcanza a cubrir un 84% de las necesidades de la población, mientras que en zonas rurales solo alcanza una cobertura del 38.7%[4].

Durante su última visita, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de Naciones Unidas, Leo Heller, documentó[5] áreas de atención prioritarias para el gobierno como i) la promulgación de una ley general de aguas con perspectiva de derechos humanos, ii) medidas para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar, en zonas en asentamientos informales y las personas residentes de zonas urbanas periféricas con servicios deficientes, iii) atención a los efectos que los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales, así como el uso extensivo de plaguicidas en cultivos generan al ambiente y la salud, iv) procuración de mecanismos de participación y acceso a la información en temas vinculados con el agua y el saneamiento, v) y, la justiciabilidad del derecho al agua, entre otras.

Otro de los temas pendientes es el de los diez decretos de reserva sobre diversos cuerpos de agua firmados por Enrique Peña Nieta y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2018[6], que aunque fueron suspendidos temporalmente no han sido cancelados como prometió en campaña el actual presidente. Asuntos como la liberación de presos políticos -ejemplificado en los seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, que llevan 15 años privados de la libertad por defender su derecho al agua- y la protección de personas defensoras de ríos y bosques también son dos temas urgentes en la garantía del derecho al agua, debido a que vinculan al derecho al agua y saneamiento con derechos como la libertad de expresión y derecho a defender derechos humanos.

Esto adquiere particular relevancia si tomamos en cuenta el contexto de violencia en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en el país,[7] y las resistencias de pueblos y comunidades frente a amenazas, agresiones y descalificaciones —como “extrema izquierda”— por defender el agua frente a industrias embotelladoras o cerveceras, proyectos de infraestructura o granjas porcícolas como en el caso de los cenotes de Yucatán.

Pocas veces las discusiones sobre el derecho al agua alcanzan trascendencia nacional, pero un recordatorio de su importancia fue el desabasto de agua en la ciudad de México, que puso en relieve nuevamente aspectos como la disponibilidad, la calidad y accesibilidad del agua. Aunque no sea tan evidente, nuestro país enfrenta una situación preocupante en materia de agua; a pesar de que los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indican[8] que hay regiones con un porcentaje relativamente alto de disponibilidad de agua[9], lo cierto es que en la mayoría de las entidades federativas hay inequidad sobre la distribución del agua.

Uno de los objetivos del Proyecto de Nación del presidente era “encaminar al país para alcanzar la autosuficiencia hídrica”[10] e incluía acciones como “plantas desaladoras en las zonas del norte del país, así como acueductos en la zona centro y sur del país”[11]. Cabe mencionar que, aunque se incluían otras acciones, consistían en afirmaciones categorías y no en acciones concretas para atender algunos de los temas que se han planteado anteriormente.

Cercanos los primeros cien días de gobierno, la nueva gestión tiene grandes retos para el sexenio, y aunque ninguno de los diez ejes centrales del Plan Nacional de Derechos Humanos se vincula con el derecho al agua y saneamiento, habrá que esperar —y exigir— que en el plan nacional hídrico se atienda las cuestiones pendientes con una perspectiva de derechos humanos, y así superar la visión del agua como recurso de la mercantilización o como un objeto de concesiones para las empresas privadas.

* Enrique Gallegos Madrigal es estudiante del último semestre en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro de la Red Peninsular de Apoyo al Litigio Estratégico a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de la Red Juvenil “Valiente” para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

[1] Pese a las declaraciones del presidente señalando que durante su gobierno no se recurrirá a la fracturación hidráulica, las declaraciones de la Secretaria de Energía (Rocío Nahle) durante el Mexico Energy Forum 2019 y la inclusión de un proyecto de aceite y gas en lutitas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (https://bit.ly/2TJQe5Y) demuestran una postura poco clara al respecto.

[2] Datos de CONAGUA, tomados de infografía de la plataforma agua.org.mx. Disponible aquí.

[3] Datos de la Comisión de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, tomados de infografía de la plataforma agua.org.mx. Disponible aquí.

[4] Fernando Gonzales Villareal, los retos del sector hidráulico en el ámbito rural. Estudio del Instituto de Ingeniería Coordinador Técnico de la Red del Agua UNAM, 2016. Disponible aquí.

[5] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México, resolución A/HRC/36/45/Add.2 del 2 de agosto de 2017.

[6] Disponible aquí.

[7] Cfr. Informe Conjunto “El rol de las empresas y los Estados en las violaciones contra los defensores y las defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el ambiente” y CEMDA, “Hoja de Datos sobre el Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”.

[8] Véase, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Estadísticas del Agua en México Edición 2017. p. 74-79. Disponible aquí.

[9] Entiéndase como el grado de presión sobre los recursos hídricos que mide el porcentaje del agua renovable disponible.

[10] Proyecto de Nación 2018-2014, pág. 242. Disponible aquí.

[11] Ibidem, pág. 247.