Para muchos países la producción de alimentos representa un tema de seguridad nacional, debido a la importancia y prioridad que tiene el poder garantizar el abasto y la disponibilidad de alimentos para su población. En nuestro país, la propia Constitución política reconoce el derecho a la alimentación de forma explícita, al decir en su artículo cuarto que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, lo cual será garantizado por el Estado.
Bajo esta premisa debe existir una política pública que promueva, por una parte, el que cada hogar cuente siempre con la capacidad y recursos para obtener los alimentos que requiere; por otra parte, y para nutrir de manera adecuada a una población, debe haber en el país suficiente cantidad y variedad de alimentos. Por lo tanto, en la mayoría de los países una estrategia fundamental de política alimentaria es mejorar y aumentar la producción de alimentos.
Hoy estamos enfrentando la crisis más profunda de los tiempos modernos; por una parte, una crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus, que está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas y provocando una crisis económica más profunda, que se prevé como la peor recesión desde la II Guerra Mundial; ante ello, los Gobiernos están implementando diferentes medidas para evitar mayores daños a sus economías y a su desarrollo.
Un aspecto fundamental de estas medidas es garantizar a la población el suministro y abasto suficiente de alimentos; la agricultura, la ganadería y la pesca son actividades que no pueden detenerse; poner en riesgo la producción de alimentos pudiera traer consecuencias más graves y desastrosas que las que estamos viviendo hoy en día; solo imaginemos que no tuviéramos disponibilidad de alimentos en los centros de distribución, que pudiéramos entrar a un supermercado, a una tienda, a un mercado y los anaqueles y estantes se encontraran vacíos.
En México, el Gobierno ha estado tomando decisiones que desafortunadamente están poniendo en riesgo el futuro de la producción de alimentos; por una parte, el recorte del presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que para el 2020 disminuyó un 27.5%, con relación al año anterior, lo cual se agrava con el recorte realizado el 2019 del 12.1%, con lo cual en solo dos años se registró un recorte de casi el 40% de recursos; aunado a ello desaparecen programas que estimulaban la producción y ofrecían certidumbre a los productores nacionales; hoy el enfoque de los apoyos son meramente asistenciales.
Inexplicablemente en plena crisis, se anuncia la desaparición del estímulo fiscal que por años se venía otorgando al diésel agropecuario y pesquero, afectando de manera importante a nuestros productores nacionales; solo para dimensionar esto, los productores de alimentos en Estados Unidos pagan poco más de 6 pesos por litro de diésel y en nuestro país los productores pagan más de tres veces ese costo que representa alrededor de 19 pesos por litro.
También se están tomando decisiones de Gobierno, en donde se prohíbe y limita la importación y el uso de algunos productos para la protección de cultivos, ante supuestos de que pueden ocasionar daños en la salud y lo más grave, sin medir los impactos negativos que tendrá en la producción de alimentos.
Director General del Consejo Nacional Agropecuario
