Los programas de fomento al sector primario del Gobierno Federal tuvieron como objetivo principal, durante las seis décadas pasadas, el incremento de la producción y la productividad mediante la expansión y modernización de los sistemas productivos. Así fue como se otorgó prioridad a la ampliación de la frontera agrícola, la construcción y equipamiento de infraestructura y sistemas de riego, el mejoramiento de semillas, el incremento del hato ganadero, y el acceso a insumos y servicios entre otras líneas de acción; sin embargo y sin desconocer las bondades del enfoque y los logros regionales alcanzados, su impacto no fue lo suficiente en calidad y cobertura territorial para que la gran mayoría de la población rural lograse niveles de ingreso y bienestar con dignidad.
Por otra parte, la globalización de la economía y la apertura comercial del país, junto a las demandas y patrones de consumo de una sociedad urbana en creciente expansión, hicieron más evidente los problemas de competitividad que padece la economía rural y su deficiente inserción a los mercados; además la vulnerabilidad, particularmente de los pequeños y medianos productores, ante cambios sustantivos en las relaciones de intercambio y de poder entre los diferentes actores de las cadenas producción-consumo.
Todo lo anterior define una realidad para el campo mexicano cuya problemática estructural es mucho más compleja que la tradicionalmente reconocida, y cuya solución a fondo requiere de nuevos esquemas y frentes de intervención pública tanto al interior del sector primario, como en otros ámbitos de la actividad económica y del fomento al desarrollo social y humano de la población rural.
En consecuencia se ha formulado e instrumentado una nueva estrategia que rebasa el ámbito de atención tradicional de fomento al sector primario, para incluir ahora su vinculación eficiente y equitativa a las cadenas productivas y de mercados; buscando resolver las restricciones que limitan su competitividad y sostenibilidad en una economía abierta, con el objetivo prioritario de elevar el ingreso, la rentabilidad y el bienestar de los productores.
En el espacio rural de México coexisten diversas actividades y sistemas productivos que han logrado colocar con relativo éxito sus productos en el mercado interno e internacional, pero que recurrentemente enfrentan contingencias derivadas de sus condiciones productivas, dificultad de acceso a insumos y servicios competitivos y una deficiente administración de riesgos, y que asimismo enfrentan la competencia externa; la volatilidad intrínseca a los mercados y la inequitativa intermediación entre los agentes económicos de las cadenas producción-consumo.
En ambos casos se trata de sistemas productivos con alto valor económico y social, ya sea por el número de productores involucrados, los empleos que se generan, el volumen producido o el impacto que tienen en las economías regionales. Por ello, la intervención pública buscará atender con suficiencia, prontitud e integralidad su reincorporación asociada y para incrementar de manera sostenida su posicionamiento en el mercado y su articulación más eficiente a las cadenas productivas. La intervención gubernamental estará condicionada a la formulación e instrumentación de proyectos productivos o de un programa de desarrollo y a la participación corresponsable y económicamente razonable de los productores.
Objetivo del Programa
Apoyar la competitividad de las ramas de producción en un contexto de economía abierta, fomentando el fortalecimiento de los sistemas productivos y productos de impacto regional y nacional en las cadenas de producción-consumo más sensibles a las condiciones del mercado internacional, mediante el apoyo a la productividad, el otorgamiento de apoyos a cadenas productivas que presentan problemas por coyunturas de mercado, a los agronegocios, y al fortalecimiento de la oferta y la promoción del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos.
(Fuente: Reglas de Operación 2003 Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción)